El Gobierno de Córdoba anunció que presentará en la Legislatura un proyecto de reformulación del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario. El órgano fue creado en 2003 y reemplazó a la División Asuntos Internos en el control y sanción de las faltas administrativas de policías y guardiacárceles, independientemente de lo que dispusiera la Justicia en los juicios.

 

El Gobierno promete una nueva integración del “Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad”, órgano que contará con: representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; del Ministerio de Seguridad; del Ministerio Público Fiscal (Fiscalía General); la Legislatura y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.

 

La presidencia del Tribunal estará a cargo de un representante del Ministerio Público Fiscal. Allí radica algo más que novedoso.

 

El plan será presentado en los próximos días en la Legislatura para que se discuta y se apruebe la ley.

 

Ejes del nuevo plan

 

Se dispone incompatibilidad total y absoluta para que los integrantes de las fuerzas de seguridad, tanto en actividad como retirados, intervengan en cualquiera de los organismos que integran el sistema de control disciplinario.

El procedimiento administrativo será independiente del proceso penal, pudiendo sancionarse a los integrantes de las tres Fuerzas de Seguridad, más allá de que esté resuelta o no la causa penal.

Se armoniza el actual régimen disciplinario mejorando la redacción de las faltas e incorporando nuevas figuras para casos de corrupción, violencia institucional, violencia de género y discriminación, entre otras.

Se eliminan las sanciones de arresto y de exoneración, y se crea la sanción de destitución para los casos más graves.

Asimismo se crea un organismo técnico profesional que tendrá a su cargo la investigación de las faltas graves y gravísimas, y se incorpora una defensoría disciplinaria para garantizar el debido proceso.

Se fortalece el control civil y el seguimiento de la actuación de las Fuerzas de Seguridad a través de la incorporación de registros (faltas, disparos de armas y violencia institucional).

Se fortalece la publicidad y transparencia del régimen disciplinario a través de la obligación de los órganos de presentar informes de gestión.

Se crea el Consejo de Política Criminal y Gestión de las Fuerzas de Seguridad con participación de los ministerios de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio Público Fiscal.

17 años buscando lo mismo

 

En julio de 2003, la Legislatura sancionó la ley 9.120 que permitió la creación del Tribunal de Conducta Policial. Este órgano “sustrajo de la propia Institución policial - como era hasta entonces - el control, investigación, juzgamiento y sanción de las faltas disciplinarias del personal policial y penitenciario, haciéndolo residir bajo la jurisdicción de la autoridad de la sociedad civil, democráticamente constituida”.

 

“La dinámica propia de la sociedad y de las instituciones, el tiempo transcurrido, hacen necesaria su actualización, optimización e innovación”, remarca la gacetilla difundida por el Gobierno a la prensa.

 

Se indicaron además “tareas sustitutivas o accesorias” tales como: tratamientos terapéuticos, deberes especiales de conducta, cursos educativos, reparación del daño y tareas comunitarias.