Múltiples allanamientos por la causa Luz y Fuerza: secuestraron autos y buscan dinero, joyas y cheques

Por ahora, no hay detenidos. Es en el marco de la causa en la que se investiga un presunto lavado de dinero.

Cordoba Capital 17/09/2019

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La Justicia federal ordenó 15 allanamientos en varios domicilios y en la sede del sindicato de Luz y Fuerza, de la ciudad de Córdoba, en el marco de la causa en la que se investiga un presunto lavado de dinero en contra de varios integrantes del gremio. 

 
La investigación está a cargo del fiscal federal N°2, Gustavo Vidal Lascano, tras la denuncia de supuesto lavado de dinero y asociación ilícita que realizó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). 
 
Los operativos se realizan en el sindicato y en algunos bancos, entre ellos, en el Nación de calle San Jerónimo (al frente de la plaza San Martín), en busca de papeles, documentación, pagos, joyas, dinero en cajas de seguridad y cheques "librados desde hace un tiempo hasta ahora". 
 
"Hay material que se está secuestrando, algunos vehículos y demás. En los bancos, la orden de la fiscalía es ver las cajas de seguridad de ciertas personas. Si existen se las va a precintar y a dejar en resguardo", indicó el comisario Federico Allende, quien aclaró que hasta ahora no se halló dinero.
 
 
El fiscal dijo que "por ahora" no hay personas detenidas ni imputadas en la causa. "Son 15 allanamientos en domicilios particulares y en el gremio. No confirmo que haya allanamientos en cajas de seguridad, son detalles puntuales de la investigación", señaló a La Voz.
 
"Pedimos la colaboración de Policía Judicial para resolver unos inconvenientes con los equipos informáticos, para hacer un backup (respaldo) de la información. Evaluaremos el material que se secuestre, estamos recolectando pruebas y luego la valoraremos", manifestó Vidal Lascano.
 
Por su parte, el sindicato informó que "no está prevista ninguna medida" tras los allanamientos, e indicó que "se suspendió una reunión conjunta que se llevaría a cabo en la sede sindical para no entorpecer el funcionamiento de la Justicia". 
 
El caso
 
La investigación está centrada en 12 personas, la mitad son integrantes de la Comisión Directiva del gremio. 
 
Entre los nombres de la denuncia, aparecen Gabriel Suárez (secretario general); Jorge Molina Herrera (secretario adjunto); Fernando Navarro (secretario de finanzas); Daniel Lozano (subsecretario de finanzas); Rodolfo Bonetto (secretario gremial); Roque Tapia (subsecretario de previsión social); Alexis Fidelbo, José Galván, Carlos Vaca, Juan Farías, Emilio Chaer y Héctor Juri. 
 
A raíz de una publicación que indicaba que el fiscal Enrique Senestrari estaba investigando, los nombrados en la denuncia se presentaron días atrás en la Justicia federal de manera espontánea para ponerse a disposición del fiscal y pidieron la exención de prisión.
 
La sospecha de los investigadores es que, desde el año 2011, los gremialistas habrían librado millonarias cifras en cheques en maniobras de intermediación financiera ilegal, incluso intentando blanquear dinero a través de premios en casinos. 
 
La investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF), que generó un informe y que fue continuada por la Procelac, le atribuye al secretario adjunto del sindicato, Jorge Molina Herrera, haber adquirido fichas por al menos 13,5 millones de pesos desde julio de 2011 hasta noviembre de 2015. Las fichas se habrían entregado luego a terceros para ser cobradas.
 
Esta situación llamó la atención a la UIF por los significativos movimientos de fondos operados en casinos que, según el informe, no guardarían relación con los ingresos de Molina Herrera.
 
Otro hecho llamativo fue que, a pesar de las múltiples jugadas señaladas, sólo se registra un cobro de Molina Herrera en casinos de Córdoba por poco más de 29 mil pesos y otro en Rosario por 2,1 millones de pesos.
 
¿Cómo se hizo?
 
Para defraudar al gremio y cometer “administración fraudulenta”, lo que habrían hecho los investigados es, en primer lugar, “inflar” el gasto, es decir, hacer aparecer erogaciones que no eran tales.
 
Para esos gastos inflados, necesitarían contratar servicios de una empresa vinculada a familiares o a integrantes del gremio (algo que la denuncia sí plantea), haber recibido “facturas truchas” de quienes necesitaban justificar como ingresos en blanco plata que ya se tiene por vía ilícita o entregar directamente cheques a personas sin actividad comercial, jubilados, monotributistas o beneficiarios de planes sociales.
 
Para que cobre una persona distinta a la que emitió la factura, aparece la maniobra del endoso: el cheque se libra al titular de la factura que, al firmarlo atrás, habilita a un tercero para su cobro.
 
La Procelac determinó que esos cheques, “a partir de sus endosos, terminaron en poder de personas de confianza de la organización”.
 
Hay seis empleados del sindicato que cobraron en efectivo cheques emitidos a su nombre por 19,6 millones de pesos.
 
También pueden haber sacado fondos mediante cheques en concepto de préstamos, un mecanismo habitual entre los afiliados del gremio, aunque ahí hay todavía un mecanismo adicional que explicar.
 
Ahí se completaría el círculo que explicaría la defraudación.
 
*Colaboró con este informe Juan Leyes
 

Abogado Laboral Cordoba

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