Las medidas fueron plasmadas en la resolución 1231/2019, que también revoca el programa “Ofensores en Trenes”, que habilitaba a las fuerzas de seguridad a solicitar DNI a las personas que se encuentren en las estaciones, para averiguación de antecedentes.

 

Las cuatro medidas habían sido implementadas y defendidas por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

 

Una por una

 

Uso de armas de fuego. En la resolución se indica que autorizar "la utilización del armamento letal ante el mero acaecimiento de una fuga, o de resistencia a una detención si quien lo hace no encuadra en una situación estricta de 'peligro inminente' de ocasionar la muerte, o, en su caso, lesiones graves de terceras personas o del personal de las fuerzas policiales y de seguridad intervinientes. Además, considera que el protocolo "configura un avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, limitando la posibilidad de este último de ejercer su tarea de control sobre el accionar policial". 

 

Pistolas Taser. “La ausencia de regulación sobre cómo debe utilizarse este armamento ocasiona una situación de peligro exponencial toda vez que no se delimita claramente la distancia a la que debe ser utilizada el arma, los lugares del cuerpo donde pueden realizarse las descargas, cuánto deben durar las mismas, si pueden reiterarse, la población sobre la cual su uso debe estar totalmente prohibido, cómo proceder ante una posible descompensación, qué controles médicos deben realizarse con posterioridad a fin de no padecer problemas en la salud, entre muchas otras circunstancias”, indica la resolución.

 

Servicio Cívico Voluntario. Concluirá el 31 de diciembre. “El diseño institucional y las finalidades y funciones asignadas a la Gendarmería Nacional, no guardan correlación con los objetivos y fundamentos del servicio cívico voluntario en valores, de tal modo que las tareas encomendadas a aquella fuerza son completamente ajenas a las competencias asignadas al ministerio de seguridad y a la Gendarmería Nacional por la normativa precitada”, argumenta la resolución. Y, agrega que el ministerio que dirigía Bullrich “avanzó sobre una materia completamente ajena a sus objetivos y funciones, como lo es la educación de la población civil”.

 

Ofensores en Trenes. “Esta medida criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados”, asegura la resolución. Y, agrega: “Se trata de una herramienta que pone a disposición de las fuerzas policiales y de seguridad la posibilidad de reforzar criterios de selección y discriminación”. Por último, destaca que el programa impulsado por Bullrich “contradice los estándares de seguridad democrática y, también, los estándares internacionales de Derechos Humanos”.