El debate por el congelamiento de sueldos de toda la planta política de la ciudad Deán Funes, tuvo temperatura elevada por los fuertes cruces entre ediles opositores y oficialistas.

 

La sesión que comenzó pasadas la 17 horas, dio inicio con la moción del tratamiento del proyecto en comisión (que no fue aprobado) en voz del jefe del bloque del partido Compromiso Ciudadano, Alejandro Teijeiro (C.C).

 

La iniciativa proponía adherirse a la Ley de Emergencia Económica aprobada en el mes de diciembre en el Congreso de la Nación, que estipula la inmovilidad de los haberes de los funcionarios durante un período de 180 días y trasladar los futuros aumentos (25% aproximadamente) a los empleados municipales de todos los estamentos.

 

Manchado

 

El intercambio de ideas por el proyecto en sí, se vio perjudicado por la discusión sobre la herencia que recibió el intendente Raúl Figueroa de parte de la última gestión de Alejandro Teijeiro.

 

En ese punto y ante los datos de los números en rojo que se refrescaron sobre el último mandato de Teijeiro, éste salió al cruce y le recordó que Figueroa, el actual Intendente, fue parte de esa gestión cumpliendo la función de Director de Desarrollo Productivo y después Presidente del Concejo Deliberante por su partido (Unidos Por Deán Funes).

 

Sobre la marcha para despegar

 

A pesar de haber adherido al proyecto inicial de Teijeiro, el Concejal del Peronismo, Gabriel Monteoliva, ofreció otra propuesta más amigable para diferenciarse del que ya había apoyado y que contemplaba el congelamiento del sueldo de los Concejales por 180 días e invitar a sumarse de manera voluntaria al Departamento Ejecutivo.

 

Finalmente los dos proyectos no prosperaron y fueron desaprobados por mayoría.

 

La presidenta del Cuerpo Colegiado, Lic. Verónica Tomalino, expresó que el fundamento del bloque Vecinalismo de Ischilín para votar en contra de los proyectos fue bien fundamentado dado que el municipio no se encuentra en una crisis económica, y coincidió con Figueroa que es demagógico porque obliga a los funcionarios al congelamiento de sueldos.