El Ministerio Público Fiscal tendrá más control sobre la Policía de Córdoba
El Gobierno presentará en la Legislatura un proyecto para reemplazar al Tribunal de Conducta. En el nuevo ente, dirigido por un miembro de Fiscalía General, participarán ministerios y hasta la UNC. El objetivo: mejorar la supervisión de las faltas de policías y guardiacárceles. Seguirá coexistiendo otra dirección similar dentro de la Jefatura.
Política
20/11/2020
El Gobierno de Córdoba anunció que presentará en la Legislatura un proyecto de reformulación del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario. El órgano fue creado en 2003 y reemplazó a la División Asuntos Internos en el control y sanción de las faltas administrativas de policías y guardiacárceles, independientemente de lo que disponga la Justicia en los juicios por delitos.
El Gobierno promete una nueva integración del “Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad”, órgano que contará con: representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; del Ministerio de Seguridad; del Ministerio Público Fiscal (Fiscalía General); la Legislatura y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
La presidencia del Tribunal estará a cargo de un representante del Ministerio Público Fiscal (MPF). Allí radica algo más que novedoso.
El plan será presentado en los próximos días en la Legislatura para que se discuta y apruebe la ley.
El nuevo Tribunal de Conducta será otro cambio de importancia que tiene que ver con la Policía de Córdoba en los últimos meses, si se tiene en cuenta la asunción de la nueva jefa (Liliana Zárate); el anuncio de más tiempo de estudio para los suboficiales (tres años, en lugar de 14 meses) y la creación de un protocolo para el uso de armas. Todas estas medidas fueron dispuestas tras la reiteración de casos de “gatillo fácil” en Córdoba y la sucesión de una preocupante seguidilla de graves casos con uniformados involucrados en distintos delitos.
En la actualidad, el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario tiene los siguientes vocales: la abogada Ana María Becerra (presidenta) quien es representante del Poder Ejecutivo; el legislador peronista Eduardo Serrano, representante de la Legislatura; y el abogado Manuel Cristian Savid, representante del MPF.
Hoy, las faltas administrativas que dispone el Tribunal de Conducta son firmadas por Becerra. Está previsto que, con la nueva reformulación, la presidencia del ente esté en manos del MPF (la Fiscalía General). No está confirmado si será Savid o si habrá un reemplazante.
Desde Gobierno señalaron que el nuevo Tribunal de Conducta, ley mediante, comenzará a funcionar antes de fin de año.
Se anunció, además, que en el nuevo ente de control habrá una participación de la Universidad Nacional de Córdoba, a través de la Facultad de Derecho.
Asimismo, se indicó que se creará una oficina de asistencia letrada que proveerá defensa jurídica a todos aquellos policías que no puedan contratar a un o una abogada particular.
En otro orden, se indicó que, de manera paralela al Tribunal de Conducta Policial, seguirá coexistiendo otro órgano: la Dirección de Control de Conducta que depende de la mismísima Jefatura de Policía. Esta dirección controla y sanciona las faltas leves de los uniformados. Si se determina que la falta es grave, ya se gira el caso al Tribunal de Conducta Policial.
"Es un salto cualitativo lo que se está haciendo y creando en pos de una mejor Policía. Córdoba tomó una decisión vanguardista hace 17 años al crear el Tribunal de Conducta Policial. Es decir, el control civil sobre los policías. Fue innovador y ahora lo será más", expresó el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera.
"El TCP ahora será presidido por un miembro del Ministerio Público Fiscal y seguirá habiendo representantes de otros estamentos. Se consolidará la autonomía del TCP", remarcó Mosquera.
Desde el Gobierno se insistió en que el Tribunal de Conducta no tendrá a policías que investiguen a policías. "Serán investigadores del Ministerio Público Fiscal", se indicó.
Ejes del nuevo plan
- Se dispone incompatibilidad total y absoluta para que los integrantes de las fuerzas de seguridad, tanto en actividad como retirados, intervengan en cualquiera de los organismos que integran el sistema de control disciplinario.
- El procedimiento administrativo será independiente del proceso penal, pudiendo sancionarse a los integrantes de las tres Fuerzas de Seguridad, más allá de que esté resuelta o no la causa penal.
- Se armoniza el actual régimen disciplinario mejorando la redacción de las faltas e incorporando nuevas figuras para casos de corrupción, violencia institucional, violencia de género y discriminación, entre otras.
- Se eliminan las sanciones de arresto y de exoneración, y se crea la sanción de destitución para los casos más graves.
- Asimismo se crea un organismo técnico profesional que tendrá a su cargo la investigación de las faltas graves y gravísimas, y se incorpora una defensoría disciplinaria para garantizar el debido proceso.
- Se fortalece el control civil y el seguimiento de la actuación de las Fuerzas de Seguridad a través de la incorporación de registros (faltas, disparos de armas y violencia institucional).
- Se fortalece la publicidad y transparencia del régimen disciplinario a través de la obligación de los órganos de presentar informes de gestión.
- Se crea el Consejo de Política Criminal y Gestión de las Fuerzas de Seguridad con participación de los ministerios de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio Público Fiscal.
17 años buscando lo mismo
En julio de 2003, la Legislatura sancionó la ley 9.120 que permitió la creación del Tribunal de Conducta Policial. Este órgano “sustrajo de la propia Institución policial - como era hasta entonces - el control, investigación, juzgamiento y sanción de las faltas disciplinarias del personal policial y penitenciario, haciéndolo residir bajo la jurisdicción de la autoridad de la sociedad civil, democráticamente constituida”.
“La dinámica propia de la sociedad y de las instituciones, el tiempo transcurrido, hacen necesaria su actualización, optimización e innovación”, remarca la gacetilla difundida por el Gobierno a la prensa.
Se indicaron además “tareas sustitutivas o accesorias” tales como: tratamientos terapéuticos, deberes especiales de conducta, cursos educativos, reparación del daño y tareas comunitarias.
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