Alerta en el sector de discapacidad: posibles cierres y suspensión de prestaciones
La brecha entre la inflación y los aranceles establecidos por el Estado ha generado una crisis financiera en las instituciones de discapacidad en Argentina. La falta de actualización en los pagos y la falta de respuesta de las autoridades provinciales y nacionales ponen en riesgo la prestación de servicios esenciales para más de 200,000 personas con discapacidad.
Ciudad
04/01/2024
En una situación de alerta que amenaza con la suspensión de prestaciones y posibles cierres de servicios, las instituciones prestadoras del área de discapacidad enfrentan una crisis sin precedentes. Federico Galíndez, presidente de la Federación Converger, en diálogo con Un día más con vida de Gen Fm compartió detalles sobre lo que está sucediendo.
“La situación es de crisis, de emergencia y cualquier otro sinónimo parecido porque no solo son las instituciones, son los transportistas, los profesionales individuales, la gente administrativa, los de maestranza, toda la gente que trabaja en el área de discapacidad está en crisis”, expresó Galíndez.
Según explicó Federico esto se debe a que la brecha entre la inflación y el aumento de los aranceles, establecidos por el Estado, alcanzó más del 100% en 2023. Mientras la inflación registró un 220%, los aranceles solo aumentaron un 120% durante el año, generando un desfinanciamiento que impacta en sueldos, cargas sociales y costos operativos.
“Nosotros tenemos que pagar sueldos, tenemos que pagar los aumentos de sueldos, tenemos que pagar las cargas sociales, Afip, la comida de los chicos que almuerzan todos los días, lavar sábanas, sostener personal y no nos alcanza para pagar todo eso”, detalló el presidente de la Federación Converger.
La problemática se agrava a nivel provincial, donde Apross paga menos que la regulación nacional, descompensando aún más la ecuación financiera. Esta crisis repercute directamente en el acceso a tratamientos para las personas con discapacidad, privándolas de un derecho respaldado por la ley y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Galíndez destacó que, ante la falta de respuesta de las autoridades provinciales y nacionales, las instituciones se financian mayormente a través de lo que pagan las obras sociales, prepagas y Apross. Sin embargo, la falta de actualización en los aranceles y los retrasos en los pagos generan una cesación de pagos, enfrentando multas de AFIP y afectando la calidad de los servicios brindados.
“Estamos en cesación de pagos o de cobros y por ende en cesación de pagos, enfrentando multas de AFIP por no pagar las cargas sociales, por ejemplo, en tiempo y forma, con dinero que ellos mismos no nos giran porque no han registrado la firma. O sea, es una cosa perversa”, señaló Federico.
En cuanto a las gestiones con entidades provinciales y nacionales, Galíndez mencionó que han presentado notas a Apross, PAMI, Incluir Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad, buscando reunirse para encontrar una solución. Sin embargo, las nuevas autoridades no han respondido y, además, como hace poco asumieron, no han registrado sus firmas, por lo que han suspendido los pagos.
Ante este escenario desesperado, Galíndez reveló que están considerando acciones de visibilidad, como manifestaciones o marchas, para alertar sobre la gravedad de la situación y no descartan dejar de prestar el servicio. La incertidumbre recae sobre el futuro de las instituciones y la prestación de servicios esenciales para más de 200,000 personas con discapacidad y sus familias.
Comentá esta nota