Bajo el asesoramiento del Dr. Javier Foresi, Lucas Gabriel Arellano y Juan Pablo Rustán ampliaron una denuncia penal y solicitaron investigar nuevos hechos vinculados con la contratación de Ariel Alejandro Rodríguez en la Legislatura de Córdoba. La presentación incorpora documentación oficial de la propia Legislatura y plantea, entre otras cuestiones, la posible existencia de una falsedad ideológica en declaraciones realizadas al momento de formalizar los contratos.

 

De acuerdo con la documentación incorporada, Rodríguez ingresó a la Legislatura el 5 de diciembre de 2024 como personal no permanente, bajo la modalidad de contratado para asistencia legislativa, y permaneció vinculado hasta el 31 de julio de 2026. La Dirección de Capital Humano informó además que se encontraba “afectado funcionalmente” al entonces legislador Ernesto Ramón Flores. Los denunciantes solicitaron que se determine quién promovió la contratación inicial y las posteriores renovaciones, así como el grado de intervención y conocimiento que pudieron haber tenido las distintas personas involucradas.

 

Uno de los puntos centrales de la ampliación está relacionado con la denominada Cláusula Octava de los contratos. Según la denuncia, Rodríguez habría declarado bajo juramento no tener causa criminal pendiente, no haber sido condenado y no haber sido cesanteado o exonerado de la Administración Pública. Los denunciantes sostienen que esas manifestaciones deben ser confrontadas con los antecedentes judiciales y administrativos que ya constan en otras actuaciones y con los impedimentos establecidos por la Ley Provincial 9.880.

 

La presentación también aporta las liquidaciones correspondientes a 2026 y señala que durante ese período se habrían abonado $11.652.820,15 en remuneraciones brutas. Los denunciantes aclaran que ese monto corresponde únicamente a las liquidaciones de 2026 acompañadas hasta el momento y que no contempla los pagos efectuados desde diciembre de 2024 hasta diciembre de 2025.

 

Entre las medidas solicitadas, se encuentra el requerimiento del expediente administrativo completo de la contratación, las renovaciones, declaraciones juradas, controles de antecedentes y documentación relacionada con los pagos efectuados. También se pide determinar el costo laboral total que la contratación representó para el Estado provincial.

 

La ampliación propone investigar, de manera provisoria, posibles delitos contemplados en los artículos 253, 174 inciso 5 y 293 del Código Penal (Nombramientos ilegales, Defraudación a la Administración Pública y Falsedad ideológica de instrumento público), además de solicitar que los nuevos elementos sean analizados en el marco de la hipótesis vinculada al artículo 210. La presentación aclara que la calificación es provisoria y que corresponde determinar durante la investigación la eventual responsabilidad de cada una de las personas involucradas.