La Cámara en lo Criminal y Correccional de 2° Nominación de Córdoba dictó una sentencia de cuatro años de prisión contra un hombre de 81 años tras hallarse en su computadora material relacionado con la explotación sexual infantil. 

 

El contenido había sido obtenido mediante eMule, una aplicación de intercambio de archivos entre usuarios, también conocida como red P2P.

 

Según explicó la jueza Inés Lucero, este tipo de plataformas permite que los archivos descargados queden disponibles para otros usuarios mientras permanezcan en la carpeta predeterminada del programa, denominada “Incoming”, generando así una circulación constante del contenido en la red.

 

El acusado, identificado como Sergio Abelardo Margara, fue declarado culpable de haber facilitado acceso a representaciones de abuso sexual infantil, con agravantes debido a que las víctimas representadas eran menores de trece años. También se lo encontró responsable de almacenar dicho contenido con la clara intención de compartirlo.

 

Durante el juicio, la defensa intentó argumentar que Margara no tenía conocimiento de que sus descargas también implicaban una forma de distribución. Sin embargo, la jueza desestimó esa postura. Señaló que, pese a su edad, el hombre vivía solo, gozaba de buena salud mental y contaba con un título universitario en ingeniería, lo que demostraba que tenía conocimientos técnicos suficientes.

 

Lucero indicó que Margara había instalado tanto eMule como Ares, dos programas usados comúnmente para compartir archivos de forma descentralizada. En su equipo se encontraron más de cincuenta programas distintos, algunos de los cuales requieren conocimientos avanzados para su instalación y uso, lo que reforzó la idea de que no actuaba por desconocimiento.

 

La sentencia también remarcó que eMule es un software con varios años en circulación y que actualmente no se emplea para fines lícitos como la descarga de música o películas, sino que ha sido asociado con la difusión de contenidos prohibidos.

 

La magistrada concluyó que Margara hizo uso de esta tecnología con plena conciencia de su funcionamiento y con el objetivo claro de acceder a material ilegal. Sus búsquedas específicas lo delatan, pues empleó palabras claves directamente vinculadas a contenidos ilícitos que involucraban a menores.

 

Hasta tanto la condena quede firme, Margara permanecerá en libertad bajo estrictas condiciones: se le prohíbe cualquier tipo de vínculo o interacción con menores de edad, ya sea presencial o por medios digitales, y deberá iniciar un tratamiento psicológico especializado. Además, su computadora fue incautada y, una vez ratificada la condena, los datos serán incorporados a registros provinciales y nacionales sobre condenados por delitos sexuales.