El Gobierno Nacional denunció a los jueces federales, al CEO del Grupo Clarín y a otros participantes del viaje a Lago Escondido realizado a principios de octubre pasado y develado por Página/12. Es por el presunto delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas". 

 

El lunes pasado, por cadena nacional, el presidente Alberto Fernández anunció que había instruido al Ministerio de Justicia para que "se investigue penalmente" el intercambio de chats y audios entre jueces federales, directivos de medios, funcionarios del Gobierno porteño y exintegrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la gestión de Juntos por el Cambio (JxC).

 

"Por instrucción del Presidente de la Nación Argentina Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y particularmente lo relacionado a su financiamiento", se indicó en un comunicado oficial. Entre las medidas de prueba solicitadas en la denuncia se solicita la entrega de los celulares de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los aparatos.

 

Asimismo, el escrito presentado por Soria pide que se incluya al Estado Nacional comoparte querellante porque "gran parte de los sindicados como autores de los graves delitos ostentan los cargos de magistrados del Poder Judicial de la Nación".

 

"Se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la independencia judicial, jamás deberían producirse", afirmó el Poder Ejecutivo.

 

El vuelo a Lago Escondido

 

"Los hechos a ser investigados tuvieron lugar durante la semana del 13 de octubre, cuando los denunciados compartieron un vuelo en un avión privado, desde San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (Río Negro), con financiamiento desconocido", afirma el comunicado del Gobierno.

 

Relata que tras aterrizar, "a la comitiva se habría sumado el CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y el director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo empresario y sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey, entre otras personas aún no identificadas". Luego el grupo se habría dirigirdo en vehíchulos privados de Jow Lewis a la estancia del magnate británico ubicada en Lago Escondido.

 

Según la denuncia, “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas".

 

Agrega que “la recepción de las dádivas no solo constituye una afectación repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la ética republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”

 

Los denunciados por el Gobierno

 

Por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas fueron denunciados:

• Julián Ercolini, juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10. 
• Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal. 
• Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2. 
• Pablo Cayssials, juez del Juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9. 
•  Juan Bautista Mahiques, actual Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Marcelo D’alessandro, actual Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. 

•  Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín
• Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis. 
• Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos, de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
• Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.