En el año 2018 fue sancionada la Carta Orgánica Municipal de Deán Funes, un instrumento clave para la autonomía institucional de la ciudad. Sin embargo, ese mismo año fue judicializada por el entonces intendente Raúl Figueroa, referente del Vecinalismo de Ischilín.

 

Años más tarde, en 2024, la actual intendenta Andrea Nievas, también del mismo espacio político, volvió a judicializar la norma, profundizando la controversia en torno a su vigencia y aplicación.

 

En las últimas semanas se conoció un dictamen del Ministerio Público Fiscal que consideró viable la Carta Orgánica y sostuvo que debe adecuarse de manera paulatina. Si bien se trata de una opinión técnica de peso, no es vinculante, es decir, no obliga al Tribunal Superior de Justicia a fallar en ese mismo sentido. No obstante, podría resultar gravitante al momento de la resolución definitiva.

 

Frente a este escenario, la intendenta Andrea Nievas sostiene que la Carta Orgánica continúa suspendida y que corresponde esperar el fallo final del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia para determinar su plena vigencia.

 

“Está suspendida y vamos esperar la resolución del Tribunal Superior de Justicia”, dijo Nievas tras finalizar su discurso de apertura de sesiones ordinarias, el domingo proximo pasado. 

 

La interpretación no es compartida por los concejales de la oposición, quienes consideran que el dictamen del Ministerio Público Fiscal refuerza la vigencia del texto sancionado en 2018. En ese marco, anticiparon que comenzarán a presentar proyectos en el Concejo Deliberante basados en los artículos que contempla la Carta Orgánica.

 

El objetivo político es claro: en caso de que el oficialismo rechace o desconozca esas iniciativas argumentando la suspensión de la norma, los ediles opositores también evalúan recurrir a la Justicia para que se expida sobre la aplicación concreta de la Carta.

 

“Queremos tener un instrumento legal en la mano para tomas decisiones contundentes”, manifiestan desde sectores opositores. 

 

Así, mientras se aguarda la palabra final del Tribunal Superior de Justicia, el debate jurídico se traslada al Concejo Deliberante, donde oficialismo y oposición se preparan para una nueva batalla política-institucional.