En la última sesión del año, la Legislatura dio curso a la Ley de Ficha Limpia que tiene como objetivo elevar los estándares de idoneidad en los procesos de selección de postulantes a cargos públicos y efectivos.

 

De esta manera, quienes hayan sido condenados hasta en dos instancias no podrán acceder a ninguno de los tres poderes del Estado.

 

Para ser más específicos, la ley establece el alcance a delitos dolosos con pena privativa de la libertad, y ahora esta prohibición se amplía a candidatos partidarios y funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Desde la Unicameral establecen que esta nueva norma “requiere que la sentencia condenatoria haya sido confirmada por sentencia dictada por tribunal de instancia ulterior, por vía recursiva o impugnativa, ordinaria o extraordinaria de conformidad a las normas procesales que resulten de aplicación”.

 

“Esta nueva ley es ampliamente superadora de otras normativas existentes en el derecho público provincial y de los proyectos que orbitan en el Congreso Nacional, porque no solo abarca a los delitos de corrupción sino a todos los delitos dolosos previstos en el Código Penal de la Nación y otras leyes especiales”, detalló la miembro informante, Victoria Busso.

 

El texto aprobado compatibiliza tres iniciativas presentadas por la legisladora radical Brenda Austin (UCR) y las oficialistas Busso, Julieta Rinaldi, María del Rosario Acevedo e Ileana Quaglino.