Claudio “Chiqui” Tapia se convirtió de manera oficial en el Presidente de la AFA. La Cámara Civil de la Nación decidió a favor de la casa madre del fútbol argentino. El viernes por la noche la Justicia comunicó que se declaró nula la Resolución 793/2024 emitida por la Inspección General de Justicia (IGJ).

 

En dicho documento se considera no válida la asamblea general en la que Tapia fue reelecto anticipadamente como presidente ya que declararon “la irregularidad e ineficacia total a los efectos administrativos de la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de la AFA para el 17 de octubre”. En otras palabras, los miembros de la asociación solo contaban con la autoridad para debatir y aprobar medidas relacionadas con factores económicos pero bajo ningún punto de vista podían avanzar con decisiones electorales.

 

Cabe recordar que IGJ fundamentó sus argumentos en base a la denuncia presentada por Andrés Fassi, Presidente de Talleres. Entre los motivos que enumeraron desde el club para demandar el frenó de las elecciones se destacaba el hecho de que la votación se estaba celebrando fuera de los plazos estipulados. En su entonces, el reclamo de Fassi fue parte de una enorme disputa que acumuló varios capítulos. El origen del enfrentamiento comenzó a principios de septiembre luego de que el dirigente enfrentó de manera directa a la AFA a partir de un cuestionado arbitraje de Andrés Merlos en la derrota ante Boca por la Copa Argentina.

 

Incluso en durante la asamblea Talleres mantuvo firme su postura mediante el voto negativo de Rodrigo Escribano, vicepresidente tercero del club. Este gesto terminó en abucheos y silbidos contra el dirigente cordobés quien decidió abandonar la sala indignado.

 

No obstante, desde la AFA aseguraron que la convocatoria se realizó conforme a los estatutos vigentes y que la asamblea se desarrolló siguiendo las disposiciones reglamentarias.

 

El fallo de la Justicia ratificó la legitimidad de la asamblea y la elección de las autoridades. Además remarcaron que la IGJ no puede intervenir arbitrariamente en la gestión interna de las asociaciones civiles.