La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sobreseída sin llegar a la instancia de juicio oral y público en la causa conocida como “Hotesur”, en la que se la investigaba por presunto lavado de dinero a través de sus hoteles.

 

La medida también benefició a sus hijos Florencia y Máximo Kirchner.

 

Es el tercer sobreseimiento logrado por la defensa de la jefa de Senado en lo que va del año sin llegar a la instancia de juicio.

 

El 13 de abril pasado, la Cámara Federal de Casación Penal sobreseyó a la vicepresidenta junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al resto de los acusados del expediente en el que se investigan supuestas irregularidades en la compra-venta de dólar futuro.

 

Y el 7 de octubre último, el Tribunal Oral Federal 8 sobreseyó a Cristina y otros acusados al entender que no fue un delito el pacto entre Argentina e Irán, firmado en 2013, con el fin de interrogar a los iraníes sospechosos de haber organizado el atentado contra la AMIA.

 

HOTESUR Y LOS SAUCES

 

Ayer, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 sobreseyó hoy a la vicepresidenta y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner en la causa en la que se los investigó por supuesto lavado de dinero con alquileres de propiedades y plazas hoteleras a través de las sociedades Hotesur y Los Sauces.

 

La decisión del TOF 5 lleva las firmas de los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado, con la disidencia de la magistrada Adriana Palliotti. El fallo generó que no se haga un juicio oral y público, aunque aún puede ser apelada y revisada en instancias superiores.

 

Fuentes judiciales hicieron trascender que el TOF5 apuró si definición porque el próximo martes el juez Grunberg termina su subrogancia y el tribunal deberá cambiar su composición.

 

 

Los jueces Obligado y Grünberg dijeron que no hubo lavado de dinero porque los hechos comenzaron cuando para combatir ese delito había una ley más benigna que la actual, entonces eso favorece a los imputados.

 

Además, señalaron que cuando comenzaron los hechos no era punible el autolavado ya que por entonces no se castigaba a quien “convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare dinero o bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado”.

 

En su disidencia, Palliotti señaló: “...estoy convencida que el único ámbito para discutir la totalidad de los planteos formulados por los defensores resulta ser, inexorablemente, el debate oral, público, contradictorio y continuo”.

 

EL RECORRIDO DEL EXPEDIENTE

 

Este sobreseimiento había sido pedido por Carlos Beraldi, abogado de la familia Kirchner. En un escrito, el letrado había señalado que los peritajes incorporados a la causa habían permitido probar que todo el producto de la actividad hotelera y de alquileres fue bancarizado, por lo que la inexistencia de dinero negro es evidente.

 

El fiscal Diego Velasco rechazó el pedido del abogado y pidió también dar un revés al reclamo de sobreseimiento de los imputados de los casos Hotesur y Los Sauces, que tramitan juntos, y dictaminó que debía realizarse el juicio oral. Pero el TOF resolvió en contrario.

 

Los sobreseimientos alcanzaron a también a los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Lázaro Báez; a Romina de los Ángeles Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner, y el contador Osvaldo Sanfelice, entre otros.

 

Las denuncias con las que se iniciaron las investigaciones, que promovió la actual diputada electa Margarita Stolbizer en 2014, indican que la familia Kirchner alquiló las instalaciones de esos inmuebles a empresarios de su entorno, como Báez y López, para lavar dinero proveniente de retornos de la obra pública.

 

“Es un alojamiento fantasma que usó el matrimonio presidencial para hacer negocios turbios con el empresario más beneficiado con la obra pública, Lázaro Báez”, afirmó Stolbizer cuando presentó la acusación, que quedó en manos del fallecido juez federal Claudio Bonadio.

 

Con la llegada del Frente de Todos al gobierno nacional, la Oficina Anticorrupción (OA) desistió de su rol de querellante en el futuro juicio oral y así quedaron como partes acusadoras la querellante Unidad de Información Financiera (UIF) y la fiscalía ante el TOF 5.

 

“La Oficina Anticorrupción nunca debió ser querellante en esos casos por tratarse de delitos de lavado de activos, materia específica de la Unidad de Información Financiera”, justificó Félix Crous, el titular de la OA.

 

En mayo pasado, el TOF 5, integrado por los jueces Adrián Grunberg, Daniel Obligado y Adriana Palliotti, dispuso levantar las intervenciones de los establecimientos y devolverle su administración a la familia Kirchner. Paliotti votó en disidencia.

 

En las últimas semanas comenzaron a acelerarse los acontecimientos y activaron interpretaciones. Primero Cristina solicitó su sobreseimiento y el mismo planteo replicaron más tarde el resto de los procesados.

 

“Resulta imposible considerar que pueda llevarse a cabo un juicio oral en tales condiciones, que fulminan toda posibilidad de ejercer, con una mínima suficiencia, el derecho de defensa en juicio”, consideraron los defensores de Cristina. Días después, el mismo planteo elevaron los abogados del resto de los acusados.