Buenos Aires, 16 octubre (NA) -- El Juzgado Federal de Villa Mercedes indaga a once integrantes de la Fuerza Aérea Argentina en relación con el accidente de un avión ocurrido el 15 de julio de 2024 en la provincia de San Luis, donde falleció el capitán Mauro Javier Testa La Rosa.

Las audiencias indagatorias comenzaron el 15 de octubre y se prolongarán hasta el próximo viernes 23. La fiscal general María Gloria André y el auxiliar fiscal Leandro Kunusch Ribichini presentaron el requerimiento, señalando que el accidente fue causado por una serie de fallas durante el desmontaje y montaje del tubo de escape del avión y por la deficiencia en los controles que debían asegurar que la aeronave estuviera en condiciones de vuelo.

La investigación reveló que, en las horas posteriores al siniestro, en la oficina de Registro de Aeronaves de la Brigada, se habrían destruido las hojas originales del formulario de mantenimiento del avión y confeccionado otras en su lugar, con modificaciones en los asientos correspondientes a los trabajos previos al accidente, según informó el portal Fiscales.

Como resultado de estos hallazgos, nueve de los implicados han sido señalados por su presunta responsabilidad en el homicidio culposo del piloto. Además, uno de los integrantes de la Fuerza Aérea y todos los demás están imputados por haber destruido y alterado registros técnicos.

El accidente

El 15 de julio de 2024, Testa La Rosa despegó desde la cabecera 06 de la pista de la V Brigada Aérea, en Villa Reynolds, a bordo del A-4AR Fightinghawk matrícula C-926. La aeronave estaba realizando una orden de instrucción y, según el expediente, las maniobras previas al despegue no presentaron novedades.

La fiscalía sostiene que la instalación defectuosa del conjunto, la falta de una verificación adecuada y las deficiencias en la organización y documentación del trabajo contribuyeron a que el avión despegara con una sujeción que no ofrecía garantías suficientes.

La situación se tornó crítica cuando el avión comenzó a ascender. Primero, se desprendió el paracaídas de frenado, que cayó sobre la pista sin ser accionado por el piloto, y luego se soltaron partes del cobertor del tubo de escape y el tubo completo junto con la brida que debía mantenerlo unido al motor.

La pérdida del tubo afectó gravemente el funcionamiento de la aeronave, generando ruidos extraños, humo y fuego. Ante la emergencia, el piloto se eyectó cuando el avión se encontraba a una altura estimada de entre 150 y 200 pies. Aunque el paracaídas principal se abrió, el fuego generado por el siniestro lo consumió. Testa La Rosa cayó desde aproximadamente 50 metros y falleció a causa de las lesiones sufridas.

La investigación se centró en el desprendimiento del tubo de escape y su sistema de fijación. Este conjunto debía permanecer sujeto mediante bulones, una tuerca autoblocante y un alambre de seguridad, sin embargo, el montaje realizado días antes del accidente presentaba defectos que impidieron asegurar la unión correctamente.

Según la fiscalía, los trabajos se llevaron a cabo entre el 10 y el 12 de julio de 2024 por un área de la V Brigada Aérea conocida como Grupo Técnico 5, que debía reparar daños en las aletas deflectoras del tubo de escape. Este trabajo requería retirar el componente y reinstalarlo tras la reparación.

La acusación sostiene que durante el montaje se reutilizó una tuerca autoblocante que debía ser reemplazada, lo que impidió que mantuviera el ajuste necesario. Además, un alambre de seguridad utilizado era de diámetro insuficiente y se colocó incorrectamente, lo que debió evitar que la unión se aflojara durante el funcionamiento del motor. También se cuestionó el uso de un torquímetro cuya calibración estaba vencida.

Otra irregularidad mencionada por la fiscalía fue la ausencia de una orden de trabajo para el desmontaje y posterior montaje del tubo de escape. Este documento debía detallar las tareas, procedimientos técnicos y materiales utilizados, además de registrar quiénes habían intervenido.

Finalmente, se subrayó la importancia de las inspecciones de calidad, ya que los inspectores debían verificar que el montaje se hubiera realizado correctamente y que se respetaran las condiciones técnicas. El regreso de la aeronave al servicio fue autorizado con una firma que no correspondía al Responsable Técnico habilitado para certificar una intervención de tal magnitud.

Las responsabilidades de los once implicados serán evaluadas durante las indagatorias y en el curso de la investigación.