La Cámara de Diputados aprobó una nueva Ley de Discapacidad después de una extensa negociación entre el Gobierno, los bloques aliados y la oposición. El proyecto consiguió 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, una mayoría de dos tercios que permitió destrabar una discusión que llevaba casi dos meses.

El acuerdo establece una nueva normativa para reemplazar la Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia termina a fin de año. El texto mantiene buena parte del sistema actual y fija garantías para las pensiones no contributivas, el acceso a las prestaciones y su financiamiento.

La aprobación fue posible después de que La Libertad Avanza aceptara los cambios reclamados por distintos sectores opositores. Entre las principales concesiones, el oficialismo dejó de lado los recortes que había incluido en el proyecto de Presupuesto 2027 y accedió a preservar mecanismos centrales del régimen vigente.

Ahora, la iniciativa deberá ser tratada por el Senado.

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Qué cambia respecto del sistema de discapacidad
Uno de los principales puntos del acuerdo es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad. El texto consensuado ratifica un beneficio equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y mantiene al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía de acceso.

También conserva dos herramientas centrales para financiar las prestaciones: el nomenclador universal y el arancel unificado. De esta manera, se mantiene un esquema común de valores para las prestaciones básicas, en lugar de permitir que cada obra social, empresa de medicina prepaga o provincia establezca sus propios aranceles sin una actualización automática.

El proyecto contempla, además, la actualización de las pensiones por inflación. El objetivo es que los ingresos de los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo en relación con el año anterior.

Otro de los puntos que se mantuvo es la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal, una condición que había sido cuestionada en la propuesta presupuestaria del Gobierno. Con la nueva redacción, las personas que cuentan con CUD podrán conservar el beneficio si tienen un trabajo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

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Los recortes del Presupuesto 2027 que el Gobierno dejó de lado
La negociación tuvo un momento de tensión cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 con un capítulo que introducía cambios restrictivos en el sistema de discapacidad. Esas medidas se apartaban de las conversaciones que el oficialismo mantenía con sus aliados y con la oposición.

Entre los puntos cuestionados figuraban la adopción del criterio de “invalidez laboral” para acceder a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral y la eliminación del CUD como vía directa para obtener el beneficio.

La propuesta también establecía una incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal. A eso se sumaba la derogación del arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, que habría permitido a obras sociales, prepagas y provincias fijar valores propios sin una actualización automática por el índice de precios al consumidor (IPC).

Para desactivar la ofensiva opositora y avanzar con una ley acordada, el oficialismo se comprometió a dejar de lado esos recortes. El proyecto que finalmente llegó al recinto retomó los principales componentes del régimen vigente, aunque incorporó mecanismos de auditoría y control.

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Las concesiones que permitieron alcanzar el acuerdo
Las negociaciones se intensificaron durante las horas previas a la votación. La oposición reclamó modificaciones adicionales para acompañar la iniciativa, y el oficialismo aceptó las propuestas que permitieron cerrar un texto común.

Uno de los cambios establece que tanto los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como quienes reciben pensiones por discapacidad tengan acceso a un programa de salud con las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901, a través del Programa Incluir Salud.

También se precisaron las partidas presupuestarias del Ministerio de Salud destinadas a financiar el sistema. El proyecto contempla que, si esos recursos resultan insuficientes, el Tesoro pueda disponer compensaciones para cubrir las necesidades.

A su vez, se incorporó una garantía para evitar que el ingreso por beneficiario pierda poder adquisitivo respecto del año anterior. Estos puntos buscaron dar mayor previsibilidad al financiamiento y responder a las objeciones que la oposición había planteado sobre la sostenibilidad de las prestaciones.

El acuerdo también permitió evitar que la discusión quedara limitada a una prórroga de la Emergencia en Discapacidad. La oposición venía impulsando extender esa norma, aprobada el año anterior y próxima a vencer, a pedido de organizaciones vinculadas al colectivo. El Gobierno, en cambio, buscaba reemplazarla por un régimen permanente que, según su planteo, ofreciera una solución de largo plazo.

Auditorías y controles: qué establece el nuevo texto
La nueva ley incorpora controles periódicos sobre los beneficios. La Secretaría Nacional de Discapacidad deberá realizar auditorías mediante el cruce de información con distintos organismos públicos, entre ellos la Anses, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Renaper y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

El texto permite suspender preventivamente una prestación cuando se detecte un incumplimiento objetivo. Sin embargo, esa facultad deberá ejercerse bajo un procedimiento que contemple garantías para la persona beneficiaria: se prevé un “debido proceso inclusivo”, con notificación y posibilidad de rehabilitación provisoria.

Así, el proyecto combina la continuidad de los principales componentes del sistema con herramientas para revisar el cumplimiento de las condiciones de acceso a las pensiones. La inclusión de estos mecanismos fue parte del texto consensuado durante la negociación parlamentaria.

Cómo se construyó la mayoría en Diputados
El acuerdo reunió al oficialismo con el PRO, la UCR, gran parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y casi todos los bloques provinciales. También terminó acompañando Unión por la Patria, que había impulsado la prórroga de la emergencia y aceptó votar el nuevo proyecto después de que se incorporaran cambios reclamados por la oposición.

El respaldo de ese bloque estuvo condicionado tanto por las modificaciones al texto como por la presión de las organizaciones de personas con discapacidad. También pesó el riesgo de que una eventual prórroga de la emergencia terminara siendo vetada por el presidente Javier Milei.

Uno de los principales interlocutores durante las negociaciones fue el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal. También participaron Juan Marino, Sabrina Selva, Eduardo Valdés y Victoria Tolosa Paz. Por el oficialismo, las conversaciones estuvieron a cargo de Laura Rodríguez Machado, Giselle Castelnuovo y Nicolás Mayoraz.

No todos los sectores acompañaron. Los diputados cordobeses de Provincias Unidas y Unión por la Patria votaron en contra al considerar que las organizaciones del colectivo no habían participado de la elaboración de la ley. “Es una ley que se discutió sin los verdaderos protagonistas”, sostuvo Gabriela Estévez.

La izquierda, por su parte, se abstuvo al cuestionar que no se actualizaran las deudas con los prestadores.

Qué sigue después de la aprobación
Con 237 votos afirmativos, la Cámara baja dio media sanción a una iniciativa que logró un respaldo transversal después de varias semanas de tensión política y negociaciones.

La mayoría de dos tercios representa un apoyo parlamentario amplio y dificulta que el proyecto sea revertido en las instancias siguientes. De todos modos, la iniciativa todavía debe ser tratada por el Senado para convertirse en ley.

El resultado refleja una negociación en la que el Gobierno consiguió avanzar con su objetivo de reemplazar la Emergencia en Discapacidad, pero debió abandonar los recortes previstos en el Presupuesto 2027 y aceptar cambios sustanciales para mantener las pensiones, la actualización de los ingresos, la compatibilidad con el empleo formal y un sistema unificado de prestaciones.

Diputados aprobó la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo
Antes del tratamiento de Discapacidad, la Cámara aprobó por amplia mayoría la creación de un sistema de trazabilidad para medicamentos de alto riesgo y sus ingredientes farmacéuticos activos.

La iniciativa surgió tras la tragedia sanitaria de 2025 por la distribución de fentanilo contaminado, que provocó más de 100 muertes y afectó a otras 44 personas.

El proyecto establece un seguimiento obligatorio y en tiempo real de determinados medicamentos inyectables y sus materias primas, desde la importación y producción hasta la distribución y administración al paciente.

También contempla un protocolo de eventos críticos de salud, notificaciones obligatorias ante sospechas de contaminación y alertas sanitarias inmediatas para bloquear preventivamente lotes sospechosos. Además, prevé sanciones para quienes incumplan las obligaciones de registro y control.

Durante el debate, legisladores de distintos bloques destacaron la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y evitar que se repitan tragedias similares.

Nuevas penas por vandalismo rural
En la misma sesión, Diputados aprobó un proyecto que incorpora nuevas figuras penales para proteger establecimientos rurales frente a ingresos no autorizados y daños a la producción agropecuaria.

La propuesta contempla penas de prisión para quienes ingresen sin autorización a predios rurales en determinadas circunstancias y agrava las sanciones cuando esas acciones afectan la actividad productiva o generan riesgos para personas, animales o cultivos.

También establece penas de dos a ocho años de prisión y multas para quienes destruyan o dañen bienes que afecten directamente el ciclo productivo, como cosechas, ganado e infraestructura rural.