La fiscal de Instrucción de la Novena Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Deán Funes, Dra. Analía Cepede, habló en exclusiva con Mirá El Norte sobre caso de la empleada de Tarjeta Naranja que estafó a al menos seis jubilados con préstamos personales. 

 

La mujer, de 35 años de edad, fue trasladada este viernes a un complejo carcelario de la ciudad de Córdoba Capital, donde permanecerá alojada preventivamente.

 

El delito que se le atribuye es estafas reiteradas. 

 

El caso 

 

En la noche de ayer jueves, la Fiscalía de Instrucción de la 9na Circunscripción Judicial ordenó la detención de una mujer de 37 años acusada de cometer estafas reiteradas. Según la información proporcionada por la fiscalía, la detenida, oriunda de Deán Funes, estafó al menos a seis jubilados y pensionados mientras trabajaba en una reconocida sucursal de tarjetas de crédito y débito, la cual también opera como entidad bancaria.

 

De acuerdo con las investigaciones, las víctimas se dirigían a la sucursal para solicitar préstamos y allí, la mujer les informaba que, debido a sus ingresos, no calificaban para recibir ese dinero, pero ella realizaba los trámites de igual manera y sin su conocimiento. Además, gestionaba diversos trámites directamente desde los teléfonos de los afectados.

 

Las víctimas se dieron cuenta del fraude al notar descuentos de hasta $80.000 en sus ingresos de alrededor de $150.000. La justicia descubrió la cadena de estafas al rastrear transferencias desde las cuentas de las víctimas hacia la cuenta personal de la sospechosa. También, habría filmaciones de la mujer retirando dinero de cajeros automáticos tras las estafas.

 

El miércoles pasado, se ordenó la detención y el allanamiento de su vivienda alrededor de las 14.00, pero la mujer estaba desaparecida. Ayer jueves, fue localizada, detenida y quedó alojada en la comisaría local. Hoy, viernes, sería trasladada a la cárcel de Bówer, según fuentes cercanas a la investigación.

 

La detenida es madre de dos menores y aunque la estafa es un delito excarcelable y podría ser investigado en libertad, la justicia decidió su traslado al complejo carcelario para evitar el entorpecimiento de la causa.